Es un documento
administrativo que acredita que una propiedad cumple con las
condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por el Decreto de
Habitabilidad, 55/2009 del 7 de abril de 2009, en las que se incluyen
el nivel de salubridad, higiene y solidez, independientemente de sus
titulares u ocupantes.
Este certificado se
legaliza a través de las diferentes comunidades del país. En
Cataluña, desde la entrada en vigor del Decreto 141/2012, de
octubre del 2012, es obligatorio contar con dicha cédula en
todas las viviendas de la Comunidad, tanto las de nueva construcción
como las de segunda mano.